
La asamblea nacional de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) resolvió ayer encarar una nueva ofensiva contra el gobierno. En las próximas dos semanas, realizarán dos paros, movilizaciones por Montevideo y el interior y una embestida judicial contra el decreto de las seis horas.
Además, se concentrarán en desbaratar el capítulo de funcionarios del Presupuesto.
Cuando el capítulo ingrese al plenario del Senado, a fines de noviembre o en los primeros días de diciembre, realizarán un paro que será de 24 horas en el interior y parcial en Montevideo.
En tanto, el 16 de noviembre acompañarán el paro general parcial del Pit-Cnt con una concentración frente al Ministerio de Economía y de allí marcharía hacia el Parlamento donde la central desarrollará un acto. La presidenta en funciones del sindicato de los estatales, Loreley González, admitió a El País que dentro de las medidas previstas se encuentra un "enlentecimiento del tránsito en rutas nacionales".
La asamblea facultó a los distintos sindicatos de la Administración Central a movilizarse de la manera que entiendan pertinente.
La semana próxima, un grupo de funcionarios patrocinados por COFE presentarán un recurso ante el Poder Ejecutivo contra el decreto que obliga a cumplir con seis horas de labor.
En principio, se maneja que la acción se presentará el jueves 11 cuando vencen los 10 días que prevé la normativa para apelar ese tipo de resoluciones. Ese día habrá una nueva asamblea nacional de delegados. Las comisiones directivas y dirigentes de los distintos sindicatos que componen COFE se movilizarán frente a la Torre Ejecutiva.
El abogado de COFE Daniel Parrilla redactó dos recursos modelo para que los funcionarios los presenten frente al Poder Ejecutivo.
"El decreto establece una escala de sanciones que van hasta 180 días de suspensión sin sumario. Consideramos que se está violentando el debido proceso consagrado en el artículo 66 de la Constitución. En la actualidad, para llegar a eso se requiere de sumarios con los que el funcionario puede articular su defensa", señaló a El País Parrilla.
Si bien la extensión del horario afecta particularmente a los escalafones A y B, profesionales y técnicos, durante esta semana varios ministerios estuvieron informando al personal de menor jerarquía del cambio en la normativa.
El abogado remarcó que están evaluando iniciar demandas por pérdida patrimonial. "Si alguien trabaja cuatro horas durante 19 años con un salario determinado y lo obligan a estar seis horas por el mismo sueldo hay un perjuicio económico. Para eso se podría presentar una acción de reparación patrimonial que se tramita ante los juzgados letrados de lo contencioso administrativo", dijo Parrilla.
COFE dispuso iniciar los trámites para presentar una queja ante la OIT contra el Estado uruguayo.
Además, se concentrarán en desbaratar el capítulo de funcionarios del Presupuesto.
Cuando el capítulo ingrese al plenario del Senado, a fines de noviembre o en los primeros días de diciembre, realizarán un paro que será de 24 horas en el interior y parcial en Montevideo.
En tanto, el 16 de noviembre acompañarán el paro general parcial del Pit-Cnt con una concentración frente al Ministerio de Economía y de allí marcharía hacia el Parlamento donde la central desarrollará un acto. La presidenta en funciones del sindicato de los estatales, Loreley González, admitió a El País que dentro de las medidas previstas se encuentra un "enlentecimiento del tránsito en rutas nacionales".
La asamblea facultó a los distintos sindicatos de la Administración Central a movilizarse de la manera que entiendan pertinente.
La semana próxima, un grupo de funcionarios patrocinados por COFE presentarán un recurso ante el Poder Ejecutivo contra el decreto que obliga a cumplir con seis horas de labor.
En principio, se maneja que la acción se presentará el jueves 11 cuando vencen los 10 días que prevé la normativa para apelar ese tipo de resoluciones. Ese día habrá una nueva asamblea nacional de delegados. Las comisiones directivas y dirigentes de los distintos sindicatos que componen COFE se movilizarán frente a la Torre Ejecutiva.
El abogado de COFE Daniel Parrilla redactó dos recursos modelo para que los funcionarios los presenten frente al Poder Ejecutivo.
"El decreto establece una escala de sanciones que van hasta 180 días de suspensión sin sumario. Consideramos que se está violentando el debido proceso consagrado en el artículo 66 de la Constitución. En la actualidad, para llegar a eso se requiere de sumarios con los que el funcionario puede articular su defensa", señaló a El País Parrilla.
Si bien la extensión del horario afecta particularmente a los escalafones A y B, profesionales y técnicos, durante esta semana varios ministerios estuvieron informando al personal de menor jerarquía del cambio en la normativa.
El abogado remarcó que están evaluando iniciar demandas por pérdida patrimonial. "Si alguien trabaja cuatro horas durante 19 años con un salario determinado y lo obligan a estar seis horas por el mismo sueldo hay un perjuicio económico. Para eso se podría presentar una acción de reparación patrimonial que se tramita ante los juzgados letrados de lo contencioso administrativo", dijo Parrilla.
COFE dispuso iniciar los trámites para presentar una queja ante la OIT contra el Estado uruguayo.
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