La sentencia confirmó la presunción de culpabilidad: Rodrigo B.B. mató a Natalia Martínez. La defensa apelará el fallo, también la Fiscalía que pide un año más de cárcel. La familia de la joven se da por satisfecha, aunque esperaba mayor condena.
"Estaba como temblando, ella hablaba pero tenía chuchos de frío, yo no sé qué consecuencia hace cuando uno tiene asma, le pregunté si tenía el disparador, me dijo que no, ella temblaba, le costaba respirar, como que le faltaba el aire. Me asusté y me fui para el lado de Punta del Este". Con estas palabras el joven ahora encarcelado en Colonia confesó a principios de junio de 2010 lo que ocurrió la madrugada del 19 de enero de 2007. Más de tres años de investigación que condujeron, finalmente, a la resolución en la esfera judicial de uno de los casos más sonados.
En la sentencia el juez penal de Maldonado, Gabriel Ohanian, analiza de manera pormenorizada tanto la confesión de Rodrigo B.B., su posterior retractación, la reconstrucción, los informes forenses, las pericias psiquiátricas y psicológicas a las que fue sometido el acusado y el conjunto de indicios que, finalmente, lo llevaron a consolidar sus conclusiones.
El abogado de Rodrigo B.B. adelantó ayer su disposición a apelar la sentencia y lograr el sobreseimiento de su cliente. Pero también apelará el fiscal Carlos Reyes, que en principio había pedido 10 años de penitenciaría para el joven y discrepa con la resolución final de Ohanian que fijó nueve años.
"De parte de la familia, hay entera conformidad con la sentencia", dijo por su parte a El País el abogado Ignacio Berti, que representa a la familia de Natalia Martínez.
El abogado sostiene que luego de conversar con la madre y la hermana de la joven muerta en 2007, terminaron por razonar que el fallo era correcto. "Tampoco los 30 años de la pena máxima habrían sido suficientes para resarcir todo el dolor", apuntó Berti. En opinión del abogado "los argumentos que manejó el juez en la sentencia son correctos".
El conjunto de elementos reunidos en la investigación no ha podido, sin embargo, revelar hasta hoy en qué forma fue muerta Natalia Martínez. Asfixia mecánica, estrangulamiento, uso de un tóxico, o "muerte por inhibición", todas posibles causas apuntadas en el dictamen de los médicos forenses.
HOMICIDIO. Esa es la carátula, en definitiva, que plasma la sentencia.
El juez se vale del dictamen de la Junta Médica Forense que encabezó el doctor Guido Berro, jefe por entonces del Departamento de Medicina Forense del Instituto Técnico Forense (ITF) del Poder Judicial.
"Que dicha muerte fuera violenta y dentro de las violentas cuáles, no se podía tratar de suicidio o accidente y entonces en términos de discusión planteamos que era una muerte homicida", declaró Berro al ser citado a la sede para explicar el dictamen forense.
Junto a los indicios relevados en la pericia forense se tomó en cuenta la forma en que se halló el cuerpo de la joven y "el ánimo de ocultación" que mostró el causante. Cabe recordar que el cadáver fue hallado unos 22 días después de la desaparición de Natalia en una zona boscosa de Laguna del Sauce, sitio que también Rodrigo B.B. describió y mostró durante la reconstrucción.
Otro elemento determinante fue el trozo de cuerda con que le habían atado las muñecas, indicio probatorio de intención criminal para la indagatoria.
perfil homicida. "Severa conflictiva emocional"; "trastorno grave de personalidad, con predominio de una emocionalidad inestable, y con rasgos manipulativos e inmaduros, (pero) con capacidad de discernimiento". Estos son algunos pasajes de las pericias psiquiátricas y psicológicas citadas por el juez en la sentencia al describir el perfil de Rodrigo B.B.
"El enjuiciado es capaz penalmente de apreciar libremente la ilicitud de sus actos y el disvalor de sus conductas", concluye el juez en base a los dictámenes profesionales.
La defensa del joven había intentado mostrarlo como un joven fácilmente presionable a través de los testimonios de allegados. "Estas declaraciones chocan frontalmente con lo afirmado por la junta de peritos psiquiatras ya analizada", argumenta Ohanian.
En otro extremo del caso, el magistrado desestima la retractación de Rodrigo B.B., cuando se desdijo de su confesión inicial arguyendo que había sido sometido "a malos tratos" y "presionado" por los policías incluso durante la reconstrucción. Había declarado en esa instancia que durante la reconstrucción efectivos del grupo GEO le habían indicado dónde debía decir que ocultó el cuerpo. "Esto es inexplicable porque el grupo GEO únicamente actúa como grupo de apoyo para brindar seguridad en el acto mismo de la reconstrucción, pero no participa en la investigación", sostiene el juez Ohanian.
En cambio, para el juez lo que se desprende de la confesión inicial, como los elementos recogidos por las pericias le permiten establecer su culpabilidad. En el centro de la misma está el episodio narrado por Rodrigo B.B., cuando llevó a Natalia en su coche a la salida de La Rinconada y, frente a otro boliche, intentó besarla y fue rechazado. "Dada su personalidad, el rechazo de la joven además de la sabida atracción que tenía por M.S. (su amigo) le hizo perder los estribos a B.B., lo que lo llevó a agredir a la joven", apunta el juez en sus conclusiones.
Confesión: "Se me fue de las manos, pero yo no la maté, no sabía qué hacer", sostuvo.
Juicio por US$ 1:4 contra el acusado
Entre las instancias judiciales pendientes en torno al caso está en desarrollo una demanda civil. Fue presentada por el abogado Ignacio Berti, en representación de la familia de Natalia Martínez, que exige a Rodrigo B.B. el pago por daños y perjuicios de US$ 1.400.000.
"Se trata de un resarcimiento económico para la familia, en este momento aguardamos la contestación de los abogados del joven", dijo Berti a El País.
Dos apelaciones deberán dirimirse durante este año. El tribunal de apelaciones que entienda en las mismas tendrá un plazo máximo de 135 días para pronunciarse, sobreseyendo (como pretende la defensa de Rodrigo B.B.) o confirmando la sentencia (que puede también adoptar los 10 años pedidos por el fiscal en la otra apelación).
Si se confirmara el fallo en primera instancia el condenado estaría en condiciones de recuperar la libertad en junio de 2016, siempre y cuando se hayan cumplido los dos tercios de su período de reclusión y acredite buena conducta. La Suprema Corte de Justicia tendrá la última palabra.
"Estaba como temblando, ella hablaba pero tenía chuchos de frío, yo no sé qué consecuencia hace cuando uno tiene asma, le pregunté si tenía el disparador, me dijo que no, ella temblaba, le costaba respirar, como que le faltaba el aire. Me asusté y me fui para el lado de Punta del Este". Con estas palabras el joven ahora encarcelado en Colonia confesó a principios de junio de 2010 lo que ocurrió la madrugada del 19 de enero de 2007. Más de tres años de investigación que condujeron, finalmente, a la resolución en la esfera judicial de uno de los casos más sonados.
En la sentencia el juez penal de Maldonado, Gabriel Ohanian, analiza de manera pormenorizada tanto la confesión de Rodrigo B.B., su posterior retractación, la reconstrucción, los informes forenses, las pericias psiquiátricas y psicológicas a las que fue sometido el acusado y el conjunto de indicios que, finalmente, lo llevaron a consolidar sus conclusiones.
El abogado de Rodrigo B.B. adelantó ayer su disposición a apelar la sentencia y lograr el sobreseimiento de su cliente. Pero también apelará el fiscal Carlos Reyes, que en principio había pedido 10 años de penitenciaría para el joven y discrepa con la resolución final de Ohanian que fijó nueve años.
"De parte de la familia, hay entera conformidad con la sentencia", dijo por su parte a El País el abogado Ignacio Berti, que representa a la familia de Natalia Martínez.
El abogado sostiene que luego de conversar con la madre y la hermana de la joven muerta en 2007, terminaron por razonar que el fallo era correcto. "Tampoco los 30 años de la pena máxima habrían sido suficientes para resarcir todo el dolor", apuntó Berti. En opinión del abogado "los argumentos que manejó el juez en la sentencia son correctos".
El conjunto de elementos reunidos en la investigación no ha podido, sin embargo, revelar hasta hoy en qué forma fue muerta Natalia Martínez. Asfixia mecánica, estrangulamiento, uso de un tóxico, o "muerte por inhibición", todas posibles causas apuntadas en el dictamen de los médicos forenses.
HOMICIDIO. Esa es la carátula, en definitiva, que plasma la sentencia.
El juez se vale del dictamen de la Junta Médica Forense que encabezó el doctor Guido Berro, jefe por entonces del Departamento de Medicina Forense del Instituto Técnico Forense (ITF) del Poder Judicial.
"Que dicha muerte fuera violenta y dentro de las violentas cuáles, no se podía tratar de suicidio o accidente y entonces en términos de discusión planteamos que era una muerte homicida", declaró Berro al ser citado a la sede para explicar el dictamen forense.
Junto a los indicios relevados en la pericia forense se tomó en cuenta la forma en que se halló el cuerpo de la joven y "el ánimo de ocultación" que mostró el causante. Cabe recordar que el cadáver fue hallado unos 22 días después de la desaparición de Natalia en una zona boscosa de Laguna del Sauce, sitio que también Rodrigo B.B. describió y mostró durante la reconstrucción.
Otro elemento determinante fue el trozo de cuerda con que le habían atado las muñecas, indicio probatorio de intención criminal para la indagatoria.
perfil homicida. "Severa conflictiva emocional"; "trastorno grave de personalidad, con predominio de una emocionalidad inestable, y con rasgos manipulativos e inmaduros, (pero) con capacidad de discernimiento". Estos son algunos pasajes de las pericias psiquiátricas y psicológicas citadas por el juez en la sentencia al describir el perfil de Rodrigo B.B.
"El enjuiciado es capaz penalmente de apreciar libremente la ilicitud de sus actos y el disvalor de sus conductas", concluye el juez en base a los dictámenes profesionales.
La defensa del joven había intentado mostrarlo como un joven fácilmente presionable a través de los testimonios de allegados. "Estas declaraciones chocan frontalmente con lo afirmado por la junta de peritos psiquiatras ya analizada", argumenta Ohanian.
En otro extremo del caso, el magistrado desestima la retractación de Rodrigo B.B., cuando se desdijo de su confesión inicial arguyendo que había sido sometido "a malos tratos" y "presionado" por los policías incluso durante la reconstrucción. Había declarado en esa instancia que durante la reconstrucción efectivos del grupo GEO le habían indicado dónde debía decir que ocultó el cuerpo. "Esto es inexplicable porque el grupo GEO únicamente actúa como grupo de apoyo para brindar seguridad en el acto mismo de la reconstrucción, pero no participa en la investigación", sostiene el juez Ohanian.
En cambio, para el juez lo que se desprende de la confesión inicial, como los elementos recogidos por las pericias le permiten establecer su culpabilidad. En el centro de la misma está el episodio narrado por Rodrigo B.B., cuando llevó a Natalia en su coche a la salida de La Rinconada y, frente a otro boliche, intentó besarla y fue rechazado. "Dada su personalidad, el rechazo de la joven además de la sabida atracción que tenía por M.S. (su amigo) le hizo perder los estribos a B.B., lo que lo llevó a agredir a la joven", apunta el juez en sus conclusiones.
Confesión: "Se me fue de las manos, pero yo no la maté, no sabía qué hacer", sostuvo.
Juicio por US$ 1:4 contra el acusado
Entre las instancias judiciales pendientes en torno al caso está en desarrollo una demanda civil. Fue presentada por el abogado Ignacio Berti, en representación de la familia de Natalia Martínez, que exige a Rodrigo B.B. el pago por daños y perjuicios de US$ 1.400.000.
"Se trata de un resarcimiento económico para la familia, en este momento aguardamos la contestación de los abogados del joven", dijo Berti a El País.
Dos apelaciones deberán dirimirse durante este año. El tribunal de apelaciones que entienda en las mismas tendrá un plazo máximo de 135 días para pronunciarse, sobreseyendo (como pretende la defensa de Rodrigo B.B.) o confirmando la sentencia (que puede también adoptar los 10 años pedidos por el fiscal en la otra apelación).
Si se confirmara el fallo en primera instancia el condenado estaría en condiciones de recuperar la libertad en junio de 2016, siempre y cuando se hayan cumplido los dos tercios de su período de reclusión y acredite buena conducta. La Suprema Corte de Justicia tendrá la última palabra.
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