La Sociedades Anestésico Quirúrgicas (SAQ) acusaron al gobierno de tener "un rumbo de autoritarismo antidemocrático" y anunció que si hay sanciones a los cirujanos, sus colegas no se presentarán para cubrir vacantes y renunciarán en masa.
La Mesa de la SAQ, que reúne entre otras gremiales médicas a la Sociedad de Cirugía del Uruguay, divulgó una dura declaración contra el Poder Ejecutivo, que el martes informó que hará un llamado para cubrir las vacantes generadas por los cirujanos (excluyendo a los que dimitieron) en las emergencias de los hospitales y no descartó la posibilidad de inhabilitar a esos médicos.
El conflicto con los cirujanos contratados por la Comisión de Apoyo de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) es por el reconocimiento de los beneficios laborales de los médicos que se ocupan de las guardias de emergencia, en especial la prima por nocturnidad.
Para la SAQ, las medidas planteadas por el gobierno son "violatorias de los derechos de las personas y en particular de los trabajadores, y peligrosamente indiciarias de un rumbo de autoritarismo antidemocrático", dice la declaración emitida por la gremial que rechazó "terminantemente" los anuncios del Poder Ejecutivo.
El presidente de la Sociedad de Cirugía del Uruguay, Mario Burguer, dijo que la no presentación a cubrir las vacantes o la renuncia masiva a otros cargos públicos es "una mínima muestra de dignidad gremial".Por eso, si se efectivizan "medidas de cualquier tipo contra los cirujanos" que renunciaron, la gremial adoptará las que "se consideren oportunas no descartándose entre ellas la no presentación de ningún profesional a completar los cargos vacantes en caso de realizarse un concurso con exclusiones, o hasta la presentación de una renuncia colectiva en todo el sistema sanitario en caso de intentar inhabilitarse a cualquiera de los cirujanos renunciantes".
"Es doloroso y da tristeza ver cómo un gobierno progresista tiene estas ideas o actitudes que en este caso buscan boicotear una medida gremial", cuestionó Burguer al ser consultado ayer por El País.
Por su parte, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) expresó ayer en un comunicado su "preocupación" ante el anuncio del gobierno sobre "la posible implementación de medidas que amenazan con cercenar las libertades individuales de los médicos".
La gremial de los médicos, que no apoya la decisión de los cirujanos en cuanto a renunciar a sus cargos en la guardias de los hospitales que dependen de ASSE, advirtió que "no aceptará ninguna medida que pueda lesionar los legítimos derechos de sus afiliados".
El vicepresidente del SMU, Gerardo Eguren, dijo a El País que por cómo se venía desarrollando el conflicto con los cirujanos "no había una necesidad imperiosa de anunciar estas medidas, porque los servicios de cirugía de emergencia se estaban cubriendo".
Para Eguren, se trata de una "acción desmedida del gobierno", aunque reconoció que "no es normal" que los hospitales vean afectado su servicio de cirugía de emergencia.
PROYECTO. El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, dijo que el Poder Ejecutivo está evaluando "los aspectos constitucionales y legales" para enviar al Parlamento "a la brevedad" el proyecto de ley que dará un "marco general" al mecanismo de declaración de emergencia sanitaria.
"El esquema que hemos estado analizando implica que una vez declarada una emergencia sanitaria, los profesionales médicos de todas las especialidades deberán cumplir al menos un porcentaje de sus tareas en sanatorios y hospitales públicos a contra el pago de una remuneración. Si no cumplieren, se aplicarán las sanciones que pudieran llegar a aplicarse", dijo Breccia a El País.
De acuerdo con el proyecto, una vez resuelta la emergencia sanitaria, los médicos que no asistan a trabajar podrán ser sancionados con la inhabilitación "parcial o total" para ejercer su actividad, según explicó el martes del ministro de Salud Pública, Jorge Venegas.
Consultado sobre si en el proyecto se plantea la posibilidad de presentar acciones penales contra los médicos, Breccia sostuvo que "es una hipótesis de trabajo, pero no es en principio la opción".
El jerarca explicó que la iniciativa no se aplicará al conflicto de los cirujanos, para el cual el gobierno ya decidió dos medidas concretas: cubrir los cargos vacantes y excluir a los renunciantes del llamado.
"La ley de emergencia sanitaria que estamos pensando es para situaciones futuras, donde nosotros entendemos que hay una colisión entre el derecho a la vida y la salud que tienen los ciudadanos como derecho fundamental consagrados por varias convenciones y tratados y el derecho de los trabajadores de realizar determinadas acciones gremiales", dijo Breccia.
DESTACAN LABOR DEL PERSONAL
La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) emitió ayer un comunicado en el que expresó "a todo su personal el reconocimiento por la actitud de apoyo y por su desempeño en los hospitales que han visto reducida su dotación de cirujanos de guardia en las puertas de emergencia, debido a la decisión de un grupo de cirujanos generales de rescindir unilateralmente sus contratos con la Comisión de Apoyo". ASSE también agradeció al Hospital de Clínicas y al Hospital Policial, ya que a esos centros fueron derivados los pacientes quirúrgicos de urgencia que no pudieron ser operados y también a las mutualistas que se ofrecieron a atender pacientes. Finalmente, el comunicado concluye expresando que ASSE está "implementando todas las medidas que se requieran para brindar la mejor asistencia quirúrgica".
CONTRAPUNTO
Alberto Breccia
SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA
"Hay una colisión de derechos que debemos resolver por la vía legal, pero no es una declaración de guerra a nadie sino una concepción de que se debe preservar la salud y la vida de la gente", dijo el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, al ser consultado sobre si los anuncios realizados por el gobierno para asegurar la atención en los hospitales públicos implican una declaración de guerra al corporativismo médico. "Yo no me referiría al tema en términos bélicos. Nosotros nos basamos en definiciones internacionales que dicen que el derecho humano a la vida y la salud está por encima del interés de un sector o fragmento de la sociedad, que además detenta el saber necesario para cuidar el derecho fundamental a la salud y la vida", dijo el secretario de la Presidencia a El País.
Gerardo Eguren
VICEPRESIDENTE DEL SMU
"No había una necesidad imperiosa de anunciar estas medidas, porque los servicios se estaban cubriendo. Es una acción desmedida del gobierno", dijo a El País el vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Gerardo Eguren. A la gremial, que no respalda la decisión de los cirujanos de renunciar a sus cargos en los hospitales de ASSE, le "preocupa" la posición adoptada por el Poder Ejecutivo, porque "no se puede obligar a nadie a trabajar donde no quiere", indicó Eguren. El SMU tiene principal preocupación ante la posibilidad de que una vez que se declare la emergencia sanitaria los médicos puedan ser sancionados con "la inhabilitación parcial o total del ejercicio profesional", tal como informó en la noche del martes el ministro de Salud Pública, Jorge Venegas.
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