La Justicia condenó al INAU a pagar unos US$ 3 millones a 13 cuidadoras de ese organismo en Fray Bentos, que iniciaron una demanda para que se les reconozcan sus derechos laborales. Hay otras 97 con juicios de este tipo en trámite.
Se trata de mujeres que tenían a niños a su cargo en el marco de los programas de "madres sustitutas" del INAU y que desde al menos dos años estaban reclamando que se les reconociera como funcionarias del organismo, donde tienen a su cargo a menores en situación de abandono.
El organismo estatal reconoce la labor que éstas realizan en calidad de "voluntarias", pero siempre se negó a considerarlas como funcionarias, pese a que tienen un sueldo, se les paga aguinaldo y aportan para la jubilación. Las cuidadoras carecen, sin embargo, de seguro de paro, licencias, días libres y otros beneficios laborales.
Por eso recurrieron a la Justicia que ahora les dio la razón, reconoció sus derechos, y condenó al INAU a desembolsar una cifra millonaria: les deberá pagar US$ 3.206.849 que las 13 cuidadoras se dividirán de acuerdo a la cantidad de niños que tenían a su cargo.
La sentencia, del viernes 11 y a la que tuvo acceso El País, concluye que estas personas "han estado vinculadas con la institución demandada por una relación de trabajo que debe enmarcarse en el Derecho Laboral".
El fallo agrega que se impone una precisión sobre el carácter de voluntarias que el INAU pretendió justificar para no reconocerlas como funcionarias. "Que la actividad de las promotoras sea efectuada con afecto y dedicación, no puede excluir que las comparecientes sean verdaderas trabajadoras; al igual que las maestras con su alumnos, por ejemplo", dice la sentencia firmada por la jueza Rossana Pose.
Más casos. En total son unas 110 las cuidadoras que presentaron en abril de 2010 la demanda contra el INAU en varios puntos del país. El abogado demandante, Sergio Rodríguez Heredia, explicó a El País que los juicios se fueron haciendo en pequeños grupos y en los distintos departamentos involucrados por "una cuestión de estrategia" para evitar costos de traslados.
"En esta oportunidad salió la primera sentencia favorable a las cuidadoras de Fray Bentos, mientras que en los departamentos de Mercedes, Paysandu, Salto, San José, Artigas, Tacuarembo, Durazno, Montevideo y la ciudad de Young los reclamos están en trámite", explicó el abogado.
Agregó que si los demás juicios siguen saliendo favorables la suma irá aumentando y la demanda al Estado "puede superar los US$ 30 millones".
Rodríguez Heredia advirtió sobre "el impacto que esto puede llegar a tener en las arcas del Estado en la medida que esa sentencia sea seguida por los demás juzgados".
Para el abogado, la cuestión "criticable" es que todo esto se podría haber evitado. "En varias oportunidades se ofreció al INAU arribar a acuerdos transaccionales por sumas muy inferiores -hubo una oferta de arreglo por US$ 15.000- a las que ahora es condenado. La obstinación de algunos jerarcas hace que ahora se deba desembolsar del erario público una suma tan alta y que puede multiplicarse", señaló Rodríguez Heredia.
En marzo de 2009, el abogado ya había presentado un recurso de petición al directorio del INAU previo al inicio del juicio.
El recurso señalaba que las tareas que desarrollan las cuidadoras del INAU tiene una naturaleza laboral dado que se encuentran presentes todos los elementos de dicha relación: remuneración, subordinación, etc. En la petición se aclaró que el INAU realiza los aportes correspondientes al BPS en el vínculo funcional "empleada" y que se les descuenta el IRPF, por lo que "no quedan dudas que se trata de relaciones de dependencia".
Las cuidadoras "están en la informalidad a pesar de que se les hacen aportes jubilatorios, no tienen un contrato de función pública que les otorgue estabilidad y garantías que como trabajadoras merecen", agregaba el recurso y lo mismo fue ratificado en la reciente sentencia judicial. El abogado estimó que las mujeres podrán cobrar el dinero del juicio en el tiempo que tarda una ejecución de una sentencia contra el Estado, unos cuatro o cinco meses.
Costo por asistencia
Las cuidadoras dependen del Programa de Alternativa Familiar, área del Instituto del Niño y del Adolescente que brinda cobertura de tiempo completo. Atienden a 1.500 niños en situación de abandono. Por asistir a un solo niño, cada una percibe $ 2.300 por mes, un aporte por concepto de víveres de $ 1.700 y partidas por hogar constituido.
Se trata de mujeres que tenían a niños a su cargo en el marco de los programas de "madres sustitutas" del INAU y que desde al menos dos años estaban reclamando que se les reconociera como funcionarias del organismo, donde tienen a su cargo a menores en situación de abandono.
El organismo estatal reconoce la labor que éstas realizan en calidad de "voluntarias", pero siempre se negó a considerarlas como funcionarias, pese a que tienen un sueldo, se les paga aguinaldo y aportan para la jubilación. Las cuidadoras carecen, sin embargo, de seguro de paro, licencias, días libres y otros beneficios laborales.
Por eso recurrieron a la Justicia que ahora les dio la razón, reconoció sus derechos, y condenó al INAU a desembolsar una cifra millonaria: les deberá pagar US$ 3.206.849 que las 13 cuidadoras se dividirán de acuerdo a la cantidad de niños que tenían a su cargo.
La sentencia, del viernes 11 y a la que tuvo acceso El País, concluye que estas personas "han estado vinculadas con la institución demandada por una relación de trabajo que debe enmarcarse en el Derecho Laboral".
El fallo agrega que se impone una precisión sobre el carácter de voluntarias que el INAU pretendió justificar para no reconocerlas como funcionarias. "Que la actividad de las promotoras sea efectuada con afecto y dedicación, no puede excluir que las comparecientes sean verdaderas trabajadoras; al igual que las maestras con su alumnos, por ejemplo", dice la sentencia firmada por la jueza Rossana Pose.
Más casos. En total son unas 110 las cuidadoras que presentaron en abril de 2010 la demanda contra el INAU en varios puntos del país. El abogado demandante, Sergio Rodríguez Heredia, explicó a El País que los juicios se fueron haciendo en pequeños grupos y en los distintos departamentos involucrados por "una cuestión de estrategia" para evitar costos de traslados.
"En esta oportunidad salió la primera sentencia favorable a las cuidadoras de Fray Bentos, mientras que en los departamentos de Mercedes, Paysandu, Salto, San José, Artigas, Tacuarembo, Durazno, Montevideo y la ciudad de Young los reclamos están en trámite", explicó el abogado.
Agregó que si los demás juicios siguen saliendo favorables la suma irá aumentando y la demanda al Estado "puede superar los US$ 30 millones".
Rodríguez Heredia advirtió sobre "el impacto que esto puede llegar a tener en las arcas del Estado en la medida que esa sentencia sea seguida por los demás juzgados".
Para el abogado, la cuestión "criticable" es que todo esto se podría haber evitado. "En varias oportunidades se ofreció al INAU arribar a acuerdos transaccionales por sumas muy inferiores -hubo una oferta de arreglo por US$ 15.000- a las que ahora es condenado. La obstinación de algunos jerarcas hace que ahora se deba desembolsar del erario público una suma tan alta y que puede multiplicarse", señaló Rodríguez Heredia.
En marzo de 2009, el abogado ya había presentado un recurso de petición al directorio del INAU previo al inicio del juicio.
El recurso señalaba que las tareas que desarrollan las cuidadoras del INAU tiene una naturaleza laboral dado que se encuentran presentes todos los elementos de dicha relación: remuneración, subordinación, etc. En la petición se aclaró que el INAU realiza los aportes correspondientes al BPS en el vínculo funcional "empleada" y que se les descuenta el IRPF, por lo que "no quedan dudas que se trata de relaciones de dependencia".
Las cuidadoras "están en la informalidad a pesar de que se les hacen aportes jubilatorios, no tienen un contrato de función pública que les otorgue estabilidad y garantías que como trabajadoras merecen", agregaba el recurso y lo mismo fue ratificado en la reciente sentencia judicial. El abogado estimó que las mujeres podrán cobrar el dinero del juicio en el tiempo que tarda una ejecución de una sentencia contra el Estado, unos cuatro o cinco meses.
Costo por asistencia
Las cuidadoras dependen del Programa de Alternativa Familiar, área del Instituto del Niño y del Adolescente que brinda cobertura de tiempo completo. Atienden a 1.500 niños en situación de abandono. Por asistir a un solo niño, cada una percibe $ 2.300 por mes, un aporte por concepto de víveres de $ 1.700 y partidas por hogar constituido.
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