Que impuestos deben bajar...

Hace dos semanas vimos que si es cuestión de elegir los mejores instrumentos para atender cada objetivo, el gasto público es el mejor para el caso de procurar mejorar la distribución del ingreso, mientras que los impuestos lo son para recaudar lo más y lo mejor posible. Mientras tanto, la semana pasada vimos que a pesar de ello, se suele buscar atender el objetivo de distribuir mejor los ingresos mediante el sistema impositivo.
De hecho, en los últimos días se han venido conociendo propuestas desde dentro del Frente Amplio, tendentes a modificar determinados impuestos con el propósito manifiesto y explícito de ir hacia una mejor distribución del ingreso, hacia una mayor equidad.
Quiero reiterar que comparto el objetivo de mejorar la distribución del ingreso en mi país ya que el status quo no me parece satisfactorio. No comparto que baste con que la economía crezca y listo, que habrá "derrame" desde arriba hacia abajo. Creo, en cambio, que la mayor equidad es un bien público y, como todo bien público, debe ser buscado por las políticas públicas, desde el gobierno, porque no es algo que se va a proveer desde la actividad privada ni se va a producir por sí solo.
En los hechos vemos que en nuestro país se usa muy mal el instrumento gasto público para procurar una mejor distribución del ingreso y es posible que la insatisfacción con los resultados lleve a algunos a pensar en los impuestos como instrumento adicional con tal fin. Naturalmente, hay también quienes creen que el sistema impositivo es el mejor o uno de los mejores instrumentos para ir a una distribución más equitativa del ingreso.


Vimos entonces hace una semana cómo la actual estructura del IVA, que es más o menos la misma que existe desde que ese impuesto se creó, tiene exoneraciones o tasas más bajas para determinados consumos "populares", lo que denota que desde hace casi cuatro décadas que se pretende usar al IVA con criterios redistributivos. Sin embargo, está demostrado que de ese modo se termina beneficiando más a los más ricos, que son quienes más consumen bienes "populares" en términos absolutos aunque no lo hagan en términos relativos.
Quiero avanzar hoy en señalar algunas reformas que creo que están pendientes en materia tributaria o al menos que sería bueno introducir desde mi punto de vista.
Al final de mi columna de la semana pasada señalé dos, a partir de trascendidos desde fuentes oficiales. Una, la "personalización" del IVA, que implica generalizar el tributo y luego devolverlo a los más pobres. Sería, indudablemente, una mejoría notoria respecto a la situación actual. Hay quienes habrían hecho algunos números al respecto y se habla de que se podría sustituir la actual estructura de tasas del IVA (de cero, 10 y 22 por ciento) por una tasa única y general, sin excepciones, de 18%. La tecnología disponible, y una mayor bancarización, permitirían luego devolver todo el IVA pagado efectivamente por la parte de la población de menores ingresos que se defina como prioritaria.
La otra idea que sería bueno prosperara, consiste en sustituir una parte del IRAE por IRPF para el caso en que se distribuyan utilidades, bajando el primero del 25% al 20% y subiendo el segundo del 7% actual al 12%.
Esas dos medidas las pienso como neutrales en términos de recaudación. Deberían ser diseñadas para no ganar ni perder recursos. En otros casos, sí habría cambios en materia de recaudación. Veamos primero las medidas que implicarían pérdidas de ingresos fiscales.
Una, la reducción (tendente a la eliminación) de los aportes patronales a la seguridad social, impuesto al trabajo que no se devuelve en frontera al exportar y que, por lo tanto, afecta la competitividad de nuestras exportaciones.
Dos, el aumento de los mínimos no imponibles del IRPF y el IASS y la mayor deducción por hijos menores de edad en el primer caso. Tengo claro que en el primer caso sólo el 20% de la población ocupada paga el impuesto y que en el segundo sólo el 15% de los pasivos lo hace, por lo que es evidente que ya está focalizado en la población de mayores ingresos. No obstante, se podría acotar aún más y dejar fuera la parte de los actuales contribuyentes con menores ingresos, que son altos relativamente pero bajos en términos absolutos.
Tres, la eliminación del impuesto al patrimonio, especie en vías de extinción en el mundo. En todo caso, podría permanecer con una tasa insignificante, a efectos de ser un instrumento de contralor de otros tributos.
Cuatro, la imposición a los automóviles, que llega en promedio a la mitad de su precio de venta al público y que hace que los autos sean en Uruguay muy caros en términos absolutos y mucho más en relación al ingreso medio. Escuché hace unos días a un experto en el sector que expresaba que esa era una razón para entender la vejez del parque automotor y la vigencia de vehículos de 20 y 30 años circulando más allá de su vida útil, con todos los riesgos que eso conlleva. Si hay más de 600 mil automóviles en el parque, debería renovarse un décimo por año y en 2010, año récord de ventas, "sólo" se vendieron 40 y pocos miles, mientras que en el promedio de la década se vendieron menos de 18 mil.
Quinto, la reducción de la imposición específica a los combustibles.
¿Cuál sería el costo en materia de pérdida de recursos de estas cinco propuestas? El que se esté dispuesto a asumir, ya que hay algunas de ellas que pueden realizarse con gradualidad, como la primera y la última. La segunda y la tercera no son muy significativas y la cuarta si se diseña bien puede terminar empatando o incluso dejando recursos netos.
En cualquier caso, ¿de dónde saldrían los recursos para financiar esas rebajas impositivas? Hay dos fuentes bien claras y cuantiosas: una, la reducción de los montos de "renuncia fiscal" involucrados en los regímenes de promoción de inversiones; otra, aprovechar el crecimiento económico extraordinario para destinar una parte de los recursos que genera a reducir impuestos en vez de a seguir subiendo el gasto permanente, lo que, de mantenerse, obligará a hacer un ajuste fiscal considerable cuando se dé vuelta el mundo. Esto, porque no hay cultura de crear un fondo fiscal anti cíclico, que sería lo óptimo; por lo menos, entonces, que se bajen impuestos.
En el primer caso, hace unos meses trascendió que entre enero de 2008 y julio de 2010 sólo el 28% de los proyectos de inversión que recibieron el beneficio de la promoción de inversiones se realizaron como consecuencia de haber recibido el beneficio de exoneraciones impositivas, mientras que el restante 72% se habría realizado de todos modos, con o sin exoneraciones. Dados los montos involucrados en esos proyectos, se puede estimar en alrededor de 1% del PIB en términos anuales el dinero que se estaría asignando a subsidiar inversiones que no lo necesitan.
En el segundo caso, por cada punto porcentual de crecimiento económico por encima de la tendencia de largo plazo, se generan recursos por aproximadamente 0,25% del PIB.
En el caso de 2010, con el PIB creciendo algo más de 8%, entre una y otra fuente se podría haber dispuesto de casi US$ 800 millones para abatir impuestos, cifra suficiente para cumplir en forma satisfactoria con las cinco propuestas referidas. Como la renuncia fiscal sigue y se sigue subsidiando inversiones que no lo requieren y como la economía seguirá creciendo este año por encima de su tasa de largo plazo, estamos a tiempo de empezar.
Lo que en cambio no tiene sentido, es insistir con la rebaja de dos puntos de la tasa básica del IVA, tema en el cual comparto los argumentos expuestos el pasado jueves 27 en Búsqueda por mi colega Aldo Lema, por más propuesta preelectoral que haya sido. Las cinco propuestas antes referidas tienen mucho más sentido en las actuales circunstancias y también en términos estructurales, permanentes.