Control a medios y ejercicio de la autoridad contra "fractura social"

Control de los contenidos de los medios de comunicación que puedan "incitar a la violencia", penas más duras para menores, policías y narcotraficantes, y una serie de medidas de corte social lanzó el gobierno para enfrentar la "fractura social".
El Poder Ejecutivo entiende que la sociedad está sumergida en una profunda "fractura social y quiebre cultural" que ha generado una "emergencia de la violencia", hoy problema prioritario para la población, que va en línea de una "pérdida de respeto por la vida humana y la convivencia ciudadana".
"Superar el temor colectivo en el espacio público debe ser la estrategia prioritaria para recuperar la ciudad como un escenario de tránsito, intercambio y generador de encuentros", señala el gobierno en un documento denominado "Estrategia por la Vida y la Convivencia".
El texto fundamenta una serie de medidas ayer anunciadas por el Gabinete de Seguridad y sostiene que las pautas de convivencia de la sociedad uruguaya han cambiado y resulta imperioso recomponer el tejido social para garantizar los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos.

 

Ayer, en conferencia de prensa, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, y los ministros Eduardo Bonomi (Interior), Daniel Olesker (Desarrollo Social) y Eleuterio Fernández Huidobro (Defensa Nacional) dieron a conocer, en titulares, 15 medidas para combatir la inseguridad. Las reuniones del Gabinete de Seguridad, al que también se integraron otros actores del gobierno como los ministros Ricardo Ehrlich (Educación y Cultura) y Luis Almagro (Relaciones Exteriores) se intensificaron a partir del asesinato a sangre fría del trabajador de La Pasiva durante una rapiña, situación que generó una alarma pública en torno a la inseguridad.
"En términos de seguri- dad, durante años la izquierda ha tenido un discurso monocorde que explicaba la criminalidad y el delito por los factores sociales y económicos derivados, casi exclusivamente, del impacto de las políticas neoliberales implementadas en el país y la región a partir de la segunda mitad del siglo XX. Hoy, esta explicación, que tiene un muy fuerte componente explicativo, en la visión integral aparece como insuficiente", considera el Ejecutivo en el documento.
El análisis apunta que "en el marco de un país que crece, en el que cada vez más sectores sociales acceden a un conjunto de bienes materiales e inmateriales más amplio, en el que se reducen tanto la indigencia como la pobreza, la marginalidad persiste y se acrecientan diversas formas de anomia social y transgresión".
Y acota que estas conductas están ligadas a "una manera de encarar la vida desde la visión del éxito individual y la búsqueda incesante de mayores niveles de consumo, que expresan en esta escala de valores distorsionada la satisfacción individual". En esa línea, el documento afirma que los medios de comunicación "promueven la idea de la felicidad asociada al consumo, los individuos generan medios múltiples para la obtención de esos fines consumistas que alteran la propia convivencia ciudadana y mercantilizan el concepto de felicidad". Con el propósito de "revertir una tendencia basada en la intolerancia que se ha profundizado en la sociedad uruguaya", desde el gobierno se proponen quince medidas (algunas requieren aprobación parlamentaria) que van desde la mayor regulación de los contenidos en los medios de comunicación (ver página A6) al endurecimiento de las penas para delitos graves cometidos por menores, combate a la corrupción policial, fortalecimiento de los barrios y los espacios públicos como forma de mejorar la convivencia y la vanguardista legalización del mercado de la marihuana (ver página A7), que quedará bajo la órbita del Estado tanto en producción (la que también se podría tercerizar) como distribución y venta.
Según se indica, las medidas forman parte de una visión integral. "Creemos con mucha firmeza que es posible retejer la fractura social pero debemos disponer de todas las herramientas del desarrollo en determinadas zonas de la ciudad orientadas a su transformación. Debemos recurrir a una `acupuntura urbana`, en tanto dispositivo preciso de intervenciones plurales pero combinadas en un territorio", sostiene el gobierno.
El documento del Ejecutivo señala que "el enfoque está centrado en tres definiciones claves: el ejercicio de la autoridad, la práctica de la reciprocidad y el desarrollo de la convivencia". "El ejercicio de la autoridad implica que el gobierno legitimado por la voluntad popular cumple sus cometidos dentro de las reglas del Estado de Derecho y con estricto respeto de la institucionalidad democrática y de los derechos de las personas. En función de esto utiliza todos y cada uno de los instrumentos legales para hacer efectivo el derecho a la protección de las personas ante la violencia", señala el documento. Se acota que no se responderá a la violencia "ilegítima" de la delincuencia con violencia "irracional" del Estado, y que las políticas de "mano dura" han demostrado ser po-co eficientes. No obstante, se puntualiza que "no dudamos en aplicar en todo momento medidas disuasivas o represivas, dentro del marco de la Constitución y la ley cuando ello sea necesario para garantizar el derecho a la seguridad ciudadana".
MEDIDAS. Además de la regulación de los medios de comunicación y la liberalización del mercado de la marihuana, se proyectan otras medidas. Se creará un fondo para reparar a las víctimas de delitos, se eliminarán algunas faltas y se mantendrán aquellas que tienen una real incidencia en la inseguridad ciudadana, adecuando los mecanismos procesales para su efectiva sanción. Asimismo se crean dispositi-vos judiciales específicos para atacar el "narcomenudeo" y se aumentarán las penas para los vendedores de pasta base. En este caso el delito será penado con prisión a partir de un mínimo de cuatro años y un máximo de quince.
También se iniciará un combate frontal a la corrupción policial. Las penas por cohecho, peculado, fraude, concusión aumentarán un tercio en el mínimo y el máximo. En ese plano, el ministro del Interior también planteó mejoras en la eficacia y transparencia de la acción policial a partir de una serie de disposiciones tendientes a evaluar gestión por resultados, mayores controles, etc.
En el plano social se propone fortalecer los centros de mediación y negociación de conflictos en algunas zonas del área metropolitana en dos niveles: ámbito barrial y los centros educativos.
INTERNACIÓN. El documento del Ejecutivo dedica un capítulo a los "espacios públicos" y afirma que se adoptará "una acción decidida y sistemática de prohibir el uso del espacio público para dormir o acampar (lo que) debe concebirse como una estrategia que apunta a garantizar los derechos humanos, en primer lugar de quienes duermen y viven en la calle. Todos comprendemos que hay que defender los derechos de las personas incluso cuando la misma no lo desee o demuestre una actitud contraria", señala el documento que ayer difundió el Poder Ejecutivo.

Atención integral a los adictos

Mientras se plantea la liberalización del mercado de la marihuana, desde el gobierno se propone ampliar la instalación de dispositivos orientados a la Reducción de los Riesgos y Daños de los ciudadanos afectados por el consumo de Drogas. En este sentido, las medidas prevén: equipos Hospitalarios de Respuesta Inmediata en Crisis Adictivas -ERICA; dispositivos de proximidad: centros de escucha y derivación; consultorios u hospitales móviles (para Montevideo y Canelones) y desarrollo de Centros Regionales para el 2do. y 3er. Nivel de Atención.
Además, centros de atención y tratamiento para personas privadas de libertad y dispositivos de tratamiento ambulatorios, mantenimiento y prevención de recaídas. El ministro Olesker dijo que en conjunto la intervención a realizar tendrá una cobertura total de 1.970 personas. El conjunto de esta propuesta implica 520 intervenciones de proximidad o de intervención en la emergencia. La atención directa a partir de los Centros de Día, implicará 780 plazas ambulatorias. Asimismo participarán de la iniciativa al menos 120 personas privadas de libertad que podrán abordar su problemática en forma "ambulatoria" en los mismos recintos carcelarios. En centros de internación de 2do. y 3er Nivel de Atención se dispondrá de 550 plazas residenciales. Se construirá un consorcio público para la Reducción de la Demanda de Drogas.