El gobierno enviará antes de fin de año al Parlamento un conjunto de medidas para intentar revertir la pésima situación de las cárceles, entre las que se encuentra el retiro de hasta 1.500 presos de los centros de reclusión por medio de medidas alternativas, como prisión domiciliaria, control electrónico (pulsera) y libertad asistida, adelantó ayer a Ultimas Noticias el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.La herramienta, que también incluirá un manual de tratamiento para las personas procesadas y un sistema de acceso laboral a reclusos, dejará en manos de la Justicia la salida de los centros de reclusión a personas que hayan cometido delitos menores y que, a su vez, no tengan sentencia. Es por ello que homicidas, violadores, copadores, secuestradores o rapiñeros que hayan cometido lesiones graves a sus víctimas no podrán estar incluidos. También podrán acogerse mujeres con embarazo a término o madres amamantando, así como los mayores de 70 años, a excepción de los delitos de lesa humanidad (ver punto clave). "No es una amnistía", repitió Bonomi en la entrevista con Ultimas Noticias. Por el espejo retrovisor muchos ven la cuestionada medida del ex ministro José Díaz, que liberó 800 presos. De forma conjunta con ese proyecto, Interior trabaja en la creación de un "centro de diagnóstico", donde las personas recientemente procesadas no pasen de inmediato desde Cárcel Central a Comcar (o cualquier cárcel), sino que por espacio de 15 días sean analizadas por médicos, psicólogos y asistentes sociales, quienes determinarán qué tipo de reclusión necesita el procesado. Con esa información el individuo será recluido en el centro más adecuado. El proyecto establece también que, de acuerdo a su conducta, pueda ser trasladado a prisiones con más o menos seguridad. El paquete lo completa el proyecto para crear el Instituto Nacional de Rehabilitación, previsto en la ley de Presupuesto, y por el cual saldrán de la órbita del Ministerio del Interior la custodia del sistema de reclusión. El mismo ya está en Torre Ejecutiva a la espera de la firma de Mujica y el resto de los ministros, para llegar al Parlamento. El instituto de rehabilitación tendrá conducción política y un ministerio de referencia (como hoy funciona el BPS con el Ministerio de Trabajo), que podrá ser Interior o el futuro Ministerio de Justicia.Bonomi recordó que todos los pasos a dar responden a la hoja de ruta trazada desde la visita del relator de la ONU, Manfred Nowak, en marzo de 2009, cuando explotó el escándalo del hacinamiento carcelario. Ahora, en una reciente visita del relator de la OEA, las críticas se repitieron, pero según el ministro del Interior, quedaron elogios por los avances. El jerarca remarcó además que varias apreciaciones del experto internacional fueron dirigidas a las leyes y su aplicación por parte de la Justicia. En cumplimiento de las sugerencias el gobierno comprará escáner para metales y drogas para las cárceles. También negocia convenios con las empresas del Estado, cámaras empresariales y sindicatos para abrir posibilidades laborales y capacitación a presos. "El relator de OEA reconoció la voluntad política y el esfuerzo del gobierno, toma nota de las medidas en marcha y de los planes de acción, del cierre de las latas y de la progresiva atención en salud. También el modelo iniciado en Punta Rieles y el nivel de compromiso de los funcionarios responsables de la administración", destacó Bonomi.
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