Marihuana; sigue el disparatario

No aclares que oscureces". El refrán viene justo para describir la marcha del gobierno en torno a su iniciativa para estatizar la producción y venta de marihuana. Tras la llegada al Parlamento del esperado proyecto de ley, el contenido del mismo y las explicaciones dadas por el presidente y sus laderos, sólo han servido para elevar el nivel del disparate y la sensación de improvisación total que campea en la materia. Y para que toda persona con un mínimo conocimiento del tema se agarre la cabeza y se pregunte hasta dónde se llegará en este acelerado espiral de delirio.

Para empezar hay que referirse al proyecto de ley. Esa revolucionaria pieza normativa que iba cambiar para siempre las reglas del juego en materia de política de drogas a nivel mundial. Luego de meses de tensa espera finalmente se produjo el alumbramiento. Y lo que llegó al Legislativo fue un texto de... un solo artículo. Sí, como lo lee. Todo ese anuncio, esos meses de desarrollo intelectual, para enviar un proyecto que tiene 8 renglones, en el cual sólo se dice que el Estado asumirá el monopolio de todas las actividades vinculadas a la marihuana. Y que el desarrollo y la aplicación práctica, será regulada después por el Poder Ejecutivo a través de decretos. Lo que se dice, una tomadura de pelo.

Casi tan asombroso como el hecho de que se ningunee así al Parlamento, y se pretenda regular un tema de esa trascendencia a golpe de decreto, es la exposición de motivos que acompaña al texto. Si el proyecto es un artículo, la justificación son 14 páginas de los más trillados lugares comunes sobre la materia. Con referencias a las drogas en la historia de la humanidad, las guerras imperiales por el opio, las conexiones del narcotráfico con el mundo financiero y el tráfico de oro y diamantes. Todo regado con esas frases huecas tan afines al léxico progresista como "abordaje socio-sanitario" o "enfoque preventivo-educativo". Pero si el proyecto es desconcertante, las explicaciones posteriores, rozan lo payasesco.

Primero se dijo que el cultivo, y venta del producto se haría a través del Estado. Tal vez creando otro empresa eficiente y rendidora como Alur. Luego, el presidente Mujica dijo en una entrevista que se haría por medio de privados. Después el prosecretario Diego Cánepa dijo que se haría a través de "clubes", como en España. ¿Entonces?

En esa misma entrevista, Mujica señaló que se necesitarían "sólo" 150 hectáreas para producir la marihuana necesaria para que unos 75.000 consumidores pudieran recibir 30 gramos mensuales. Cánepa apoyó y afirmó que se haría en invernaderos. ¿El Estado va a construir 150 hectáreas de invernaderos? ¿Alguien pensó lo que cuesta montar una estructura así? ¿Para marihuana?

Otra duda es en lo referente al autocultivo. En un principio se dijo que este planteo era incompatible con esa práctica y Fernández Huidobro afirmó con la vehemencia que lo caracteriza que se estaba en contra de eso. Ahora Cánepa ha dicho que son compatibles, pese a que la ley habla de monopolio estatal en la materia. En el camino quedan los propios legisladores del MPP que hace años impulsan la medida. ¿En qué quedamos?

Y eso nos lleva al último gran tema. El presidente Mujica ha dicho que el proyecto busca sacar a los jóvenes que consumen pasta base de ese vicio a cambio de proporcionarles una sustancia menos peligrosa. Y que hoy 1 de cada 3 presos están por motivos de narcotráfico. ¿Realmente piensa que los drogadictos son todos iguales y que les da lo mismo la pasta base que la marihuana? ¿Hay algún estudio serio que diga que alguna vez un pastabasero dejó de usar esa sustancia porque se le facilitó marihuana? ¿Qué porcentaje de esos presos por narcotráfico tiene que ver con esa droga?

Como se ve, todo lo relativo a este proyecto que ha puesto a Uruguay en la portada de los principales medios del mundo, cada vez tiene menos sentido. Se podrá estar de acuerdo en que las políticas de represión han sido un fracaso, y que se deberían buscar nuevos caminos. Incluso que es absurdo que el Estado se meta a opinar sobre lo que hace un ciudadano en su casa, con su propio cuerpo, siempre que no afecte a otros. Pero esto que se ha hecho de tirar un tema sin el más elemental debate y estudio previo, para el cual ni siquiera están los votos del propio oficialismo, es de una improvisación y falta de rigor absoluta. Mucho discurso y muy poco estudio y acción. Algo que define en general lo que viene siendo esta administración.

El proyecto de ley enviado al Parlamento no aclara en absoluto cómo se manejaría el tema, y las explicaciones del presidente Mujica y su entorno son confusas y contradictorias.