Abogados dedicados al asesoramiento de inversores coincidieron en que es "difícil" que la subasta de Pluna sea exitosa si no cambian las condiciones. Agregaron que el fracaso del primer remate era "previsible". El gobierno no estatizará.
Tras la frustrada subasta del miércoles, el gobierno volverá a rematar los siete aviones Bombardier que pertenecieron a Pluna y con cuya venta a US$ 136 millones el Estado busca cubrir la garantía que ofreció ante el banco canadiense Scotiabank, que financió la compra de las aeronaves que en su momento fueron adquiridas por el consorcio Leadgate, que hasta junio fue socio mayoritario de la liquidada aerolínea.
A último momento y debido a que tres interesados desistieron de presentarse, el Poder Ejecutivo postergó el remate, que según la nueva fecha fijada se realizará el 1° de octubre en el Aeropuerto de Carrasco.
Ayer, El País consultó a cuatro abogados de los estudios jurídicos más importantes en materia de asesoramiento a inversores que señalaron que es "difícil" que la próxima subasta tenga éxito si no se cambian las condiciones de la puja, las que fueron establecidas por ley.El elevado costo (US$ 19 millones por avión), algunas características negativas de las aeronaves y la necesidad de negociar las rutas luego de la compra, fueron aspectos que evaluaron los interesados y los llevó a no presentarse.
El abogado Ignacio De Posadas, socio del estudio Posadas, Posadas & Vecino, dijo que "era obvio" que la subasta de los aviones iba a fracasar ya que tal como está planteado el negocio es "totalmente inviable".
"Los valores son absurdos. Nadie va jugarse con una inversión de esa importancia para después tener que negociar las frecuencias. La ley genera mucha incertidumbre y realmente no entiendo la postergación de la subasta, porque en 20 días nada va a cambiar", comentó De Posadas.
El abogado, que durante el gobierno de Luis Alberto Laca- lle fue ministro de Economía, presume que el gobierno "debe estar pensando en algo" para que el nuevo remate del 1° de octubre no fracase.
De todos modos, De Posadas señaló que la solución que implica rematar los aviones por fuera de la ley de Concursos "es mala" porque "genera una serie de pleitos" de personas que pueden verse afectadas.
El abogado Nicolás Herrera, socio del estudio Guyer & Regules, indicó que se trata de "una operación muy compleja y muy difícil y que quizás no resulte superatractiva para los inversionistas", sobre todo, por la "incertidumbre" que implica el hecho de depender de autorizaciones de vuelo en el exterior.
Herrera opinó que "sin un cambio de condiciones" es "difícil" que en la subasta del 1° de octubre haya interesados. "Si el problema no es el tiempo y son las condiciones, el gobierno puede preguntar a los interesados qué sería atractivo" para reformular las reglas, dijo.
"Se trata de una situación muy compleja y difícil de solucionar con algo mágico, y ahí es que ocurren este tipo de situaciones", dijo el abogado.
En tanto, el abogado Óscar Brum, socio del estudio Brum-Costa, consideró que el fracaso del remate del miércoles era "totalmente previsible" por lo que ahora "la gran pregunta es si el gobierno va a aceptar un precio inferior o va a mantener la base" de US$ 136 millones para la subasta.
Brum consideró que el Poder Ejecutivo "tomó una mala decisión" al liquidar Pluna y plantear el remate de sus aviones. "Lo más razonable hubiera sido revertir la situación de la empresa, levantarla, y después venderla al mejor estilo de lo que se hizo con el Banco Comercial", sostuvo el experto.
Por su parte, la abogada Cristina Vázquez, del estudio Ferrere, explicó que "por lo general los inversores valoran la certidumbre, y en ese sentido supongo que la base de la subasta es relevante para que el negocio sea interesante".
Para Vázquez, la "mecánica de la subasta" es adecuada, por lo que el fracaso del remate obedeció "a un tema económico", sostuvo.
"Los inversores hacen sus números y se fijan si los negocios cierran o no cierran, ese es un elemento que va más allá de lo jurídico", indicó Vázquez.
ESTATIZAR, NO. El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, descartó la estatización de Pluna. "Hemos trasmitido que no vemos un modelo de una compañía bajo derecho público", sostuvo.
"No me gustaría hablar de un `Plan B`. Me parece que tenemos distintos escenarios y ahora se está trabajando y todavía hay posibilidades de que haya interesados", dijo El País al salir del evento organizado en Punta Cala por la Asociación de Dirigentes de Marketing y al que asistió para escuchar a la embajadora de Estados Unidos, Julissa Reynoso.
Sobre la posibilidad de que los trabajadores conformen una empresa autogestionada, Cánepa sostuvo que "solo se puede dar en la medida de que se encuentre el financiamiento. La realidad es que si se presenta un plan de una empresa que sea sustentable no habrá ningún problema".
El miércoles, tras el fracaso del remate, desde el sindicato de trabajadores de la ex-Pluna y también algunos legisladores del Frente Amplio se mostraron a favor de evaluar la posibilidad de que los funcionarios gestionen la aerolínea e, incluso, se llegó a plantear la opción de estatizar la empresa.
Por su parte, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, defendió ayer la decisión de liquidar Pluna y subastar los siete aviones Bombardier porque, según aclaró, el Poder Ejecutivo "no tenía ni norma ni contexto como para actuar de otra forma". Lorenzo expresó que no le consta que haya "gestiones específicas" de interesados en la subasta, pero confirmó que la aerolínea venezolana Conviasa "se ha mostrado interesada por ser quien pueda adquirir los aviones". Según el ministro, "el escenario de realización de la subasta es esencial para encaminar la solución tal cual está en la ley o para pensar soluciones alternativas".
Lorenzo, en declaraciones que formuló ayer durante una visita a la Rural del Prado, dijo que el precio base de US$ 136 millones "es la cifra del crédito garantizado por el Estado" ante el Scotiabank de Canadá, institución bancaria que en su momento financió la compra de las aeronaves. La ley que habilitó la subasta estableció una segunda instancia de remate a la baja, pero "el límite del gobierno es que no está dispuesto a aceptar que no cubra US$ 100 millones", sostuvo el ministro.
CONVIASA. Por su parte, el presidente del sindicato de trabajadores de Pluna, César Iroldi, indicó que se han iniciado negociaciones con la aerolínea estatal venezolana Conviasa y otra empresa que no quiso revelar para asociarse y cogestionar la compañía.
"Con Conviasa venimos hablando pero no hay nada concreto, solo son negociaciones. Son conversaciones, está todo muy prematuro como para brindar más detalles", aseguró Iroldi a El País.
Desde la embajada de Venezuela se indicó a El País que por el momento no se harán comentarios sobre las negociaciones que están en curso.
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