Productores rurales amenazados por la "fiebre del hierro"

Al ritmo que crecen las solicitudes de prospección en el país, el 50% del departamento de Rivera estará reclamado para minería antes de fin de año, lo mismo que Treinta y Tres, un tercio de Cerro Largo y Lavalleja, y vastas áreas de Durazno y Florida.
La voz de alerta parte de Martín Echevarría, un productor rural con predios en Treinta y Tres y Durazno que en el último año ha liderado un movimiento que se opone, o al menos cuestiona, la apuesta al Uruguay minero.
A raíz del vuelo mediático que tomó el emprendimiento de Aratirí, y del hallazgo de una riqueza oculta en el subsuelo uruguayo, se ha desatado una suerte de "fiebre" del hierro, el oro, el zinc y los diamantes que disparó los pedidos de reserva en la Dirección de Minería.
"En la última década, en Uruguay se reservaban en promedio 60.000 hectáreas por año para prospecciones, de oro y diamantes en su mayoría", afirma Echevarría. "Aratirí duplicó esa cifra entre 2007 y 2009. Pero el año pasado, cuando ya Aratirí dejó de pedir reservas, vinieron otras empresas y particulares; reservaron 273.000 hectáreas. En lo que va de este año, se llevan pedidas casi un millón de hectáreas. A este ritmo, las solicitudes para buscar minerales suponen una amenaza para una extensa porción del territorio nacional", afirma.

Echevarría admite que la minería genera una "inmensa riqueza", pero también la objeta.
"Con el canon que establece el Código de Minería (5% del valor de la producción: 2% para el Estado y 3% para el dueño del predio), el dueño de un predio con hierro tiene garantizados US$ 50 millones o US$ 60 millones en el bolsillo a lo largo del período de explotación de la mina, que puede ser de 20 o 30 años. Para que una familia alcance esas cifras sólo con la producción agropecuaria, se requerirían infinitas generaciones", reconoce, y advierte que "insólitamente, los más beneficiados por los potenciales yacimientos de hierro no van a ser los uruguayos, ni el Estado, sino una docena de propietarios de tierra que percibirán el canon".
RECHAZO. Pese a esa inmensa promesa de prosperidad, la mayoría de los productores que tienen sus campos en el área de potenciales yacimientos "no quiere saber si hay hierro en sus predios", afirma Echevarría.
"Al menos 250 productores de los casi 400 afectados por las reservas de prospección que Aratirí tiene en los departamentos de Florida, Durazno y Treinta y Tres rechazan el proyecto minero, aun quienes firmaron acuerdos tempranos con Aratirí y hoy ven agotadas las vías legales para oponerse", dice.
El productor explica que "los pedidos de prospección se hicieron en dos etapas muy diferentes. En la primera, en 2007 en Florida, los productores no sabían de qué iba el tema y nadie presentó objeciones para que los geólogos contratados por la minera entraran a los campos. Desde hace muchos años atrás venían profesionales a hacer prospecciones, pero nunca pasaba de ahí. Ahora han aprendido que, según el Código Minero, en el único momento en que un productor puede oponerse es en la etapa inicial de la prospección. Para ello cuenta con 10 días. Si no se ejerce esa opción, el productor pierde los derechos legales de oponerse en las etapas posteriores. Y esto es lo que ha ocurrido", dice.
"Por ignorancia en la materia, ningún productor de Florida se opuso entonces. Cuando Aratirí intentó más tarde ingresar en Treinta y Tres y Durazno encontró más oposición, porque los productores estaban más informados. En Treinta y Tres pudieron entrar a un solo campo de los 70 u 80 predios solicitados. En Durazno se les franqueó el ingreso a menos de una decena de establecimientos", afirma el productor.
Echevarría no rehuye la explotación del hierro, "pero sólo la necesaria", precisa.
"Si sacamos el mineral para consumo interno está bien; es para el beneficio del país. Pero el proyecto es extraer hierro para exportarlo en bruto, para que los chinos fabriquen autos o para que construyan edificios en Japón o en EE.UU. Es preferible que nos compren carne o trigo, que también son necesarios para vivir".
El Efecto ambiental en el agro
Para Martín Echevarría, la posibilidad de que el Estado se asocie con Aratirí en la explotación del hierro es inaceptable. "La afectación ambiental del proyecto está gravemente cuestionada. Resultaría increíble que quien debe dar la autorización ambiental para el proyecto y quien debe ejercer los controles ambientales fuera, además, socio del mismo".
"Los pueblos Cerro Chato y Valentines quedarán en el medio de las minas. Aratirí dice que la producción agropecuaria se podrá realizar al lado de la mina, un planteo irrisorio. Nadie puede creer que cerca de un pozo tan grande, decenas de explosiones diarias, pilas de escombro de 100 metros de altura y aire con partículas de polvo, las vacas van a comportarse como si no ocurriera nada".